Caso Casco: “la ciudad sigue llorando”
Por Indymedia Rosario. El pasado miércoles se realizó una multitudinaria marcha exigiendo justicia para Franco Casco. Encabezada por su familia y la frase “todos sabíamos”, la gran columna recorrió desde Tribunales hacia la sede local de Gobernación. Un caso paradigmático del accionar policial, político y judicial cuando el pobre es víctima y no victimario, que fue rodeado por un amplio abanico de solidaridad en la calle. Mientras reina la impunidad, el gobernador Antonio Bonfatti culpó a "grupos de militantes oportunistas” que realizaron pintadas contra la policía “identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos, ya están condenando". Rápido para encontrar grafiteros, malo para los números: ayer se cumplió un mes de la desaparición y hoy siete días de la identificación del cuerpo. ¿Dónde empieza “el caso” para el gobernador? De la policía de Carlos Reutemann a la policía de Binner y Bonfatti: una continuidad que enluta a Santa Fe.
Desde el núcleo de organizaciones que rodeó a la familia de Franco realizaron un documento conjunto que se leyó frente a la sede local de la Gobernación de Santa Fe en el que con sencillez y contundencia se plasmaron los principales reclamos: que la carátula del caso sea “Desaparición Forzada de Personas”, un delito de lesa humanidad con jurisdicción Federal; la renuncia de Ignacio Del Vecchio, Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, quien fue el único funcionario en hablar y lo hizo para afirmar “que se lo había visto en una parroquia pidiendo alimentos y vestimenta, haciendo propias las pistas falsas sembradas por la propia policía”; el repudio a la “lamentable actuación de la Fiscalía, que actuó pasivamente, sin contemplar los reclamos de la familia y demorando negligentemente el pedido de medidas elementales como la captura de las filmaciones surgidas de las cámaras de seguridad cercanas a la comisaría 7a, entre otras inadmisibles irregularidades”.
“Como ocurrió con Luciano Arruga a Franco Casco lo mató la policía. Justicia y Castigo a los culpables”, concluyó el documento colectivo que además resaltó la represión sistemática a pibes pobres de los barrios populares por parte de las fuerzas de seguridad. En este sentido, recordaron el caso Emanuel ‘Joroba’ Cichero, de cuyo atroz homicidio se cumplió ayer un año y todavía no fue esclarecido.
“La Justicia debe correr a el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio porque no hizo lo que debía hacer. Debe intervenir la Comisaría 7ma, porque la policía es tan torpe que plantó pruebas que no existieron, hay una firma de Franco que no existió, hay un video de un centro evangélico que la familia vio y dice que no es Franco La policía dice que lo agarraron en dos lugares, no se ponen de acuerdo entre ellos. La médica forense que lo fue a ver a la comisaría, ningún policía que declaró al momento la ha visto, el supuesto informe que pasa la médica no está. Por lo que con todas estas cosas queda claro que Franco fue asesinado”, apuntó Varón Fernández del Bodegón Cultural Casa de Pocho.
“La situación de la causa es la misma desde que apareció el cuerpo. La última vez que se lo vio con vida a Franco ingresaba detenido de manera absolutamente irregular, ilegal, ilegítima. No estaba cometiendo ningún delito y fue detenido, se le armó una causa por resistencia a la autoridad y después apareció flotando en el río. Se fraguó la identidad en el ingreso a la comisaría, se le puso otro nombre, le sacaron fotos, la mamá vio en esas fotos que Franco estaba golpeado. Cuando lo empezaron a buscar, le ocultaron información a la familia. Yo creo que están dados todos los presupuestos de desaparición forzada, por eso reclamamos desde un primer momento que intervenga la justicia federal, que está en trámite y no hemos obtenido respuestas”, aseguró el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien se constituyó como defensor de Franco y su familia.
Como si fuera poco, el Gobernador Bonfatti salió esta mañana a decir que en el caso Casco hay "grupos de militantes oportunistas” que realizaron pintadas contra la policía “identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos, ya están condenando". Rápido para encontrar grafiteros, malo para los números: Casco desapareció hace un mes, no hace una semana. Hace siete días hallaron el cuerpo, pero vivo se lo vio hace un mes en una comisaría que Bonfatti debe dirigir políticamente. Es alarmante el irrespetuoso despilfarro de agravios emitidos por el gobierno provincial, que no debió hacer más que hablar con los padres de Casco el mismo 7 de octubre y ponerse a disposición para la resolución del caso. Las declaraciones de Del Vecchio y las de Bonfatti, lejos de hablar de un distanciamiento del accionar delictivo policial, lo encubre y fomenta intentando cambiar el eje de manera desfachatada.
“Es nefasta la actuación del gobierno provincial, porque el personal de la Comisaría 7ma sigue trabajando como si nada y la médica que participó en la revisión de Franco, también. Una actuación realmente lamentable, dudamos que realmente lo haya revisado en la comisaría”, valoró el letrado en referencia la médica policial, Mónica Zelaya, quien al declarar negó recordar su informe tras la revisación al joven.
Maldita policía
No es la primera vez que la Comisaría 7ma está en la mira. Ubicada en calle Caferatta al 300, cerca de la Terminal de Ómnibus de Rosario, acumula denuncias por irregularidades en torno a prostitución y trata de menores. Denuncias que dicho sea de paso, datan de doce años atrás. Longevas acusaciones que, irresueltas, perpetúan la impunidad. Tal es el caso del asesinato de la dirigente de las meretrices nucleadas en AMMAR, Sandra Cabrera, en 2004, causa que tiene entre los principales imputados a oficiales y suboficiales de dicha seccional. Cabrera, luego de denunciar a la policía por sus vínculos con la trata y por abusos y coimas, apareció con un tiro en la cabeza en la zona de la Terminal, jurisdicción de la 7ma.
Las redes delictivas institucionalizadas en la fuerza policial no son novedad. El problema es la acción política que se desarrolla ante eso. El subjefe de Moralidad, Walter Miranda, fue uno de los desplazados tras el crimen de la dirigente de AMMAR en 2004. Pero en 2011 el Gobernador de la Privincia, Antonio Bonfatti, le dio el cargo de Jefe de la Unidad Regional II (Rosario), mientras designaba a Hugo Tognoli cómo Jefe de la Policía Provincial, quien sería detenido y acusado de vínculos con el narcotráfico posteriormente.
A la par estos días el ex gobernador Carlos Reutemann, responsable político de la masacre de diciembre de 2001 y de las inundaciones de Santa Fe, salió a opinar sobre los muertos del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social.
“Es una sensación horrible, nada ha cambiado. Cumplimos 13 años de la masacre de 2001 y no conseguimos que todos los responsables rindan cuentas. Ni todos los policías involucrados, y mucho menos los responsables políticos como Carlos Reutemann. La policía hoy es la misma que salió a cazar gente en el 2001.
Tiene que quedar absolutamente claro que lo de Franco no es un caso aislado, es una práctica terrible que siguen ejerciendo dentro de las comisarías, las golpizas, las vejaciones, sobre todo a los chicos de los barrios. A Franco le pasó lo peor, le robaron la vida y la policía goza de impunidad. Es todo tan horrible y doloroso que no se puede soportar. Lo bueno es que nos encuentre juntos en la calle, pidiendo que esto cambie”, aseguró Celeste, hermana de Claudio ‘Pocho’ Lepratti, asesinado en su lugar de trabajo por la policía de Reutemann en 2001.
“La muerte de un hijo me ha marcado doblemente y no puedo más que estar al lado de los padres que han perdido violentamente a su hijo. Yo estoy expectante que se sepa toda la verdad y que si hay policías involucrados, como en el caso de mi hijo Jeremías, el gobierno que tiene en sus manos las herramientas de tomar decisiones extraordinarias, lo haga, para traer el esclarecimiento real. Hay una realidad en nuestra ciudad que sufrimos: la ciudad todavía sigue llorando”, expresó Eduardo Trasante, padre de Jeremías, una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno; y de Jairo, asesinado en el centro de Rosario.
“Como gente que viene trabajando en los barrios seguimos reafirmando que hay un nuevo conflicto social, cuya perspectiva es que los culpables de todo son los jóvenes pobres de barrios. Cosa que queda demostrada no sólo con el asesinato de un pibe pobre, que era albañil, que se la rebuscaba en la vida, sino que no solo lo mataron: lo golpearon, vimos fotos en la fiscalía, y el único acusado en la causa por desaparición de personas, es Franco. El único imputado es Franco”, denunció Fernández, que concluyó: “no vienen por un pibe: vienen por los jóvenes pobres. Todo esto reafirma que se trata de la misma policía de Reutemann, es la misma impunidad. Eso se termina de mostrar el 9 de abril cuando Berni se da la mano con Bonfatti.”.
Ya en la Plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, tomó la palabra Malvina, hermana de Franco. La joven agradeció el acompañamiento y exigió " condena a todos los culpables por su asesinato". También habló la mamá de Emanuel 'Joroba' Cichero. Quebrada por el dolor, la voz le alcanzó para cerrar, diciendo: “¡NI UN PIBE MENOS!”.
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